VERDUGOS TRICOLORES Y CÍA

El gobernador priísta de Coahuila, Humberto Moreira, impulsó una iniciativa para reformar la Constitución Federal y se pueda aplicar la pena capital a los reos de ciertos delitos, misma que fue aprobada por los obsequiosos diputados locales y se envió al Congreso de la Unión para su estudio y discusión. Constituye una muestra más del pragmatismo y el oportunismo con el que operan la mayoría de los políticos en nuestro país. De antemano, Moreira sabía que su intento estaba destinado al fracaso, ya que para modificar la Carta Magna se requiere una mayoría de las dos terceras partes de ambas Cámaras y además que debe ser aprobada por la mayoría de las legislaturas de los Estados. Era evidente que diputados y senadores del PAN y del PRD se opondrían a dicha iniciativa, bajo diferentes consideraciones: morales, de eficacia o de índole humanitaria. Pero no importa que sea rechazada, pues habría cumplido con sus fines electoreros, ya que en la mente de los votantes en el 2009 y las presidenciales del 2012 se quedaría la idea que tanto él, como el PRI, pretendieron supuestamente hacer algo efectivo contra la violencia y la delincuencia organizada. Aunque si se reflexiona por un momento, dicha iniciativa no es sino la expresión de su fracaso de su gobierno en procurar la justicia en Coahuila que se podría sintetizar en una frase: como no podemos, matemos. Con total impudicia Moreira argumenta que los secuestradores y los sicarios del narcotráfico son inadaptados sociales a los que hay que extirpar de la sociedad, en ello no hace sino seguir el ejemplo de su correligionario Montiel, quien en su campaña como precandidato a la presidencia, afirmaba que los derechos humanos eran para los humanos, no para las ratas. Por desgracia, la sociedad mexicana hastiada de tantas matanzas y secuestros, debidamente mediatizada por la televisión, esta preparada para que se le ofrezca una drástica e ilusoria solución a la violencia; que revela más bien propósitos de venganza que de justicia. Con argumentos frente a los abolicionistas tales como: ¿qué opinarían si el secuestrado, difunto o extorsionado fuera tu padre, hijo o pariente? La brutalidad homicida no nos obliga a convertirnos también nosotros en homicidas. Borges, el famoso escritor argentino, en cierta ocasión expresó: odio a los caníbales, aunque para acabar con ellos no me comería a los caníbales. El argumento moral se impone a cualquier consideración sobre la posible eficacia de las penas. Aunque se llegara a demostrar que privando de la vida a los maleantes se abatiera la comisión de los delitos extremos, el respeto a la vida es un imperativo superior de ética civilizatoria, pues si regresamos a los tiempos de la Ley del Talión, significaría un grave retroceso para la humanidad. Por otra parte, la pena de muerte como recurso disuasorio es ineficaz ya que en ningún país de los que se encuentra en vigor ha logrado abatir la delincuencia, antes por el contrario se ha incrementado. Los delincuentes amateurs amenazados con el drástico castigo se volverían más agresivos frente al panorama del ajusticiamiento. Además, la pena capital es una medida irreversible, que una vez ejecutada hace imposible reparar los errores judiciales o las sentencias amañadas. De instaurarse la pena de muerte en nuestro país, dada la penetración del narcotráfico y la corrupción la policía, los sistemas de procuración y administración de justicia, solamente se eliminaría a gente inocente; a los delincuentes pobres, pero no a los culpables ricos; a los líderes sociales y los adversarios políticos. Manlio Fabio Beltrones, líder de la bancada tricolor en el Senado, de manera falaz argumentó que por ser un asunto de gran interés para la ciudadanía se debería discutir ampliamente, como fue el caso de la reforma petrolera, apoyando así el recurso inmoral de utilizar la pena de muerte como herramienta político electoral. También el partido Verde, esa franquicia familiar que medara del erario, que hace poco pedía el voto “para los ecologistas, no para los políticos”; que luchaba contra las corridas de toros para evitar la tortura que se inflinge a los animales, hoy reniega de todos los principios que decía defender y se une al coro de los verdugos para “cachar” sufragios. El afán de ambas formaciones políticas al proponer tal debate, es demagogia pura, ya que están al corriente de la obligación del Estado mexicano de cumplir los tratados internacionales en los que se comprometió abolir la pena de muerte, mismos que ahora tienen jerarquía constitucional al ser incorporados a nuestro sistema jurídico, en los términos del artículo 133 de nuestra Carta Magna. “Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los Tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los Estados” Por ello es un verdadero desatino de Moreira y asociados, que para eludir dicha norma, ahora pretendan reformar la Constitución Federal, enemistando a la opinión internacional contra nuestro país, la que vería en esa medida una triquiñuela para eludir los compromisos contraídos (JAMG).