Azules en campaña

Los primeros días de febrero, en Escárcega, Campeche, con motivo de la ampliación de la carretera Villahermosa-Xpujil, Felipe Calderón se despojó de su presunto carácter de jefe de Estado para ceñirse la camiseta como líder de su partido. Iniciando así, prematura e ilegalmente, la campaña para los comicios del próximo julio. Como orador de barriada, argumentó que debido a la oposición a su proyecto de reforma petrolera por parte del PRI, PRD, PT y Convergencia, no se pudieron construir las tres refinerías que él pretendía, una de ellas una en esa entidad federativa, en la que por mera coincidencia, se renovará el puesto de gobernador. Familiarizados con una demagogia tan primitiva, la audiencia no vaciló en abuchear al Jorge Carlos Hurtado mandatario estatal de extracción priísta, ahí presente. Se olvidó Calderón que su proyecto fue rechazado por amplios sectores de la población, porque entrañaba la privatización de la industria petrolera. También pasa por alto que el gobierno de Vicente Fox obtuvo 40 mil millones de dólares por concepto de excedentes petroleros, los que muy bien hubieran podido emplearse para construir las tan anheladas refinerías. Esto sin tomar en cuenta los 20 mil millones de pesos de que dispuso Fox en el 2004 provenientes de las “cuentas sin movimiento” de las Afores y de las que nunca se supo cuál fue su destino. El 15 de este mes, con ocasión del viaje inaugural del buque escuela Cuauhtémoc al referirse a los efectos perniciosos de la delincuencia Don Felipe espetó: “Habría que preguntarse cómo es posible que hayamos como pueblo sido capaces de tolerar que semejante barbarie penetrara en la sociedad mexicana, que se asentara en nuestras calles, que penetrara en nuestras autoridades…”. El nuevo giro del discurso panista es evidente: la violencia que genera el narcotráfico habrá que achacárselo a la sociedad en su conjunto y a los gobiernos priístas. En el mismo sentido se ha pronunciado el Secretario de Economía Gerardo Ruiz Mateos, quien en un viaje al extranjero defendió las medidas tomadas por el gobierno para combatir a la delincuencia “porque el narcotráfico ya había hecho un Estado dentro del mismo Estado…, es un problema tan serio que tuvimos que entrarle… y si te puedo asegurar que el próximo presidente de la República hubiera sido un narcotraficante”. Palabras que pretenden escamotear el hecho de la supuesta guerra contra la delincuencia no logra abatir el tráfico de estupefacientes y en contrapartida ya arrastra una secuela de 7 mil muertos en lo que va del sexenio. Por su parte el dirigente Germán Martínez, del PAN hace circular por Internet un mensaje para ganar adeptos, culpando a los gobiernos estatales priístas del fracaso de la lucha contra el narco. No recuerda Germán que durante el gobierno panista de Francisco Barrio en Chihuahua floreció el cartel de Juárez de Vicente Carrillo el “Señor de los Cielos” y en el de Baja California, durante la administración de Rufo, se consolidó el cartel de Tijuana. Asimismo se pronuncia Martínez contra quienes “sugieren la rendición ante el narcotráfico” (posiblemente pactar con los barones de la droga) y las voces que desde el extranjero recomiendan despenalizar la marihuana (como lo hizo el expresidente Zedillo) “porque ponen riesgo la salud y la seguridad de la familia mexicana”. La inferencia es clara: si se vota por los albicelestes, partido y gobierno nos protegerán como hasta ahora. No faltará quien diga: ¡no me defiendas compadre! Ante las protestas realizadas en Nuevo León demandando que cese el patrullaje (y por ende los abusos) de las fuerzas armadas, por parte grupos no identificados, compuestos por hombres, mujeres y niños ataviados con paliacates y pasamontañas, tanto el gobernador de la entidad y como el propio presidente de la república afirmaron que dichos grupos obedecían a consignas del narcotráfico, el cual pretende seguir operando con total impunidad, ya sin la vigilancia de las autoridades federales. No obstante que tal aseveración podría ser cierta, entraña un grave peligro para la democracia y las libertades de nuestro país, pues al identificar a los críticos al gobierno con los enemigos de México (como se hizo con López Obrador), y encargar su combate a las fuerzas armadas, de ahora en adelante el ejército tendría el aval presidencial para disolver cualquier mitin, bloqueo o marcha en los que se critique al gobierno o que pretenda le resuelvan de inmediato carencias urgentes en los servicios públicos. Bastaría entonces con etiquetarlos como peones de los narcotraficantes para reprimirlos y encarcelarlos. ¿Acaso el partido-gobierno pretende inhibir la emisión de votos en las elecciones intermedias? Cometería un grave error, pues la última encuesta que se hizo sobre esa materia revela que si los comicios de realizaran hoy, el PRI obtendría la mayoría absoluta de los escaños en el Congreso de la Unión. La cereza del pastel: el ejército y el CISEN examinarán los expedientes de los candidatos que contenderán en las elecciones de julio para verificar si no están ligados con el narcotráfico. Hasta ahí todo parece bien. Sin embargo dicha medida puede constituirse como el mecanismo para que el gobierno aparte de la competencia a los adversarios molestos y los correligionarios disidentes. Bastará con colgarles el sambenito de “lavadores” de recursos ilícitos con un expediente amañado, para dejarlos fuera (JAMG).

Cambio de golpes

Una de las leyes fundamentales de la mecánica de Newton expresa que a toda acción corresponde una reacción de la misma magnitud y en sentido opuesto a la acción. En materia de política mexicana, la reacción siempre parece superar a la acción. En los mítines que a lo largo de la república ha realizado Andrés Manuel López Obrador había venido insistiendo en la necesidad de cambiar el modelo económico, por los altos índices de pobreza y desigualdad imperantes en nuestro país, sobre todo por la crisis bancaria que se avizoraba en los Estados Unidos y que ahora lo tiene hundido en la recesión. El gobierno de Felipe Calderón ni se daba por enterado. Pero a raíz que el New York Times sacara un reportaje argumentado que dada la mala situación por la que atraviesa México, las preferencias electorales por AMLO podrían elevarse sustancialmente para la próxima contienda presidencial, de inmediato el señor presidente dirigió él las consabidas diatribas, aunque sin llamarlo por su nombre, lo tildó de catastrofista que busca dividir a los mexicanos. Pero luego les llovería sobre mojado. Carlos Slim invitado como ponente al foro “México ante la Crisis. ¿Qué hacer para crecer? expresó su escepticismo de que el país pudiera subsistir a largo plazo bajo los actuales esquemas económicos: sin financiamiento y alto costo del crédito se preveía en un futuro inmediato el cierre de empresas medianas y pequeñas, de locales vacíos y que en este para el año se preveía el desempleo de 600 mil trabajadores. Al punto los miembros del gabinete presidencial se pusieron el overol de golpeadores verbales del gobierno, lo mismo el secretario del Trabajo Javier Lozano Alarcón (JLA), el director del IMSS Juan Molinar Horcaditas y el secretario de Agricultura Alberto Cárdenas Jiménez. Éste, con el nivel de excelencia intelectual que lo caracteriza expresó: “quiere ver ardiendo la casa, que la boca se le haga chicharrón”. Por su parte, JLA, en lugar de rebatir las declaraciones de Slim con argumentos racionales, no encontró mejor salida que descalificarlo moralmente. Se curó en salud diciendo que no se trataba de una “confrontación personal” con el dueño del grupo Carso, ni “un ataque de ninguna naturaleza”, sino de la necesidad de fijar la posición del gobierno. Sin embargo se preguntó si los pronósticos del dueño de Telmex “son reales, si tienen un sustento sólido o si obedecen a un buen deseo de que las empresas se abaraten para luego comprarlas, o bien para obtener modificaciones a títulos de concesión que hasta ahora no se le han concedido para entrar en otros mercados, porque si esta es la vía me parece que esto es equivocado”. Ante el anuncio de la posible reducción de sus inversiones en México, Lozano expresó que Slim se convirtió en el segundo hombre más rico del mundo por las condiciones que tiene nuestro mercado y nuestra economía, en una nación con tantas desigualdades e iniquidades, debe conocer el peso de sus palabras, debería ser mas cuidadoso y cauteloso y mas bien nos debe decir como van a contribuir él y las empresas de su grupo para resolver la crisis”. Nos recuerda Galván Ochoa (Jornada. 11/02/09) que JLA es el funcionario al que Zhenli Ye Gon acusó de obligarlo a guardar los 205 millones de dólares en efectivo encontrados en su residencia (copelas o cuello) y que a pesar de que Lozano amenazó con que lo demandaría en los tribunales de Estados Unidos para limpiar su nombre, nunca abrió un litigio en su contra. Asimismo, olvida Lozano que en los tiempos en que militaba en el PRI, fue presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, oficial mayor y subsecretario de Comunicaciones, cargos en los que tuvo o compartió la responsabilidad de resolver el problema telefónico. El pleito habrá que ubicarlo entre dos grupos de empresarios y políticos que se disputan la dominancia y las interconexiones telefónicas en la modalidad llamada triple play. En ese contexto habrá que ubicar el despido de Purificación Carpinteiro, subsecretaria de Comunicaciones a la que bloqueó permanentemente el titular de la Secretaría, Luis Téllez, a pesar de que había sido compañera de generación del Presidente. Así como el torneo de elogios mutuos que fue el encuentro de Zedillo con Calderón en Davos, Suiza, y la filtración de una conversación telefónica entre Téllez y una enamorada suya en la que, entre requiebres y apapachos, éste le confió que Salinas de Gortari se robó, para su beneficio personal, la mitad de la partida secreta, unos 4mil 500 millones de pesos. El propio Téllez ha reconocido como propias esas declaraciones, pero admite que no tiene pruebas para demostrarlo y que al momento de realizarlas todavía no era funcionario, lo que no deja de ser “muy conveniente”. No obstante que Vicente Fox dejó pasar la oportunidad de enjuiciar a Salinas, y de que la dicha filtración telefónica no constituye una prueba legal, no por ello deja de tener gran importancia política. Muchos golpes y los que faltan. ¡Y todo para que los multimillonarios se hagan cada día más ricos y ostenten un poder mayor que el del gobierno! (JAMG).

Planetas del universo azul

Uno.- ¿Quién fue el político que realizó una gira peregrinación proselitista a San Juan de los Lagos, muy cómodo, sin fatigas, ni ampollas en los pies, y que en el discurso de rigor dio públicas gracias a la Virgen por los años que le restaban de gobierno? No se trató, como erróneamente pudiera pensarse de algún edil municipal cercano, sino del Gobernador panista de Jalisco, quien aprovechando la proximidad de la fiesta de esa advocación marina, inauguró el 29 de enero unas obras raquíticas, aunque muy publicitadas, consistentes en cien metros de pavimento y el reforzamiento del malecón del río con unas piedras grandes. Todo sea por la promoción política. Por si existiera alguna duda del carácter político-religioso y proselitista del acto, su correligionario, el alcalde sanjuanero, en el discurso que pronunció en dicho acto, denominó al poblado como “tierra de fe y milagros” y “tierra bendita” (Público # 4135). ¡Cuan poco respeto muestran los hombres públicos con la religión que dicen profesar, cuando la utilizan como una más de las monedas de cambio en el mercado mediático de la política! Dos.- El inefable Vicente Fox, ante los alcaldes del PAN reunidos en Juriquilla, les instó a que hicieran activismo político durante la próxima campaña electoral “y dejen encargadas sus oficinas, tal como yo lo hice durante los seis años de mi gobierno”. Aunque las autoridades del Vaticano ya habían revelado la inestabilidad mental del personaje (por decirlo suave), esta declaración pinta de cuerpo entero a un ex presidente que le importó y le sigue importando un rábano la ciudadanía, la legalidad y la opinión pública. Constituye un fraude que haya devengado un salario durante todo un sexenio, sin realizar las tareas que tenía encomendadas por andar de promotor electoral; es también ilegal haber delegado funciones sin estar facultado a ello por la ley, ya se tratara de su esposa Martita Sahagún o de su secretario particular, el yunquista Ramón Muñoz; asimismo es un delito electoral que los funcionarios públicos utilizando su investidura y los recursos públicos se dediquen a promover a candidatos en las contiendas electorales; como también es un ilícito inducir a otros a violar las normas penales. Quizá lo más grave de su conducta es su “valemadrismo” que permite a Fox admitir, con toda desfachatez, que atropelló la ley para hacer su sacrosanta voluntad, a sabiendas que el gobierno cómplice y manipulable de su correligionario Calderón no le fincará responsabilidades. La prepotencia de sus declaraciones también descubre el poco respeto que le merecen, no sólo quienes por él sufragaron al considerarlo una alternativa del régimen priísta, sino al conjunto de la nación a la que dijo representar. Tres.- Se evidencia que la ideología conservadora de los gobiernos panistas, con su peculiar sentido de la corrección y la decencia, los lleva a criminalizar a la pobreza. Primero fue el Ayuntamiento de León quien, mediante un bando municipal, pretendía acabar con la mendicidad, la pobreza y las manifestaciones amorosas en público; ahora las autoridades de Cuernavaca amenazan con meter a la cárcel a los vendedores ambulantes que reincidan en sus actividades. Pareciera que la historia hubiese retrocedido en el tiempo y nos encontráramos en la Inglaterra victoriana, en la que, que se castigaba con privación de libertad a huérfanos, mendigos y vagabundos, que después eran destinados al trabajo forzado, sin que la burguesía industrial y financiera cayera en la cuenta de que al grueso de su población la habían convertido en una masa proletaria desposeída, como fruto del maquinismo y del libertinaje económico. Una explotación que denunciaron lo mismo escritores políticos como Marx o novelistas como Charles Dickens. O tal vez a los panistas les molestan los vendedores ambulantes porque “afean” el paisaje urbano a la manera del régimen porfiriano que prohibió el acceso a la ciudad de México a los indígenas que vistieran calzón blanco, porque lastimaban el sentimiento estético de los visitantes extranjeros durante las fiestas del centenario de la independencia, ahora acaso serían a los turistas. Cuatro.- Como muestra del fundamentalismo que profesan las autoridades de Acción Nacional fue el vejamen a que fueron sometidas unas monjas en Dolores Hidalgo, Guanajuato; quienes pedían limosna en la vía pública. Llevadas a la comisaría, fueron obligadas a despojarse de sus hábitos para comprobar ¡que eran mujeres! Esta acción que parecía inconcebible en un Estado destacado por su mojigatería, cobró su justa dimensión al conocerse que dichas religiosas pertenecen a una congregación tradicionalista afiliada al movimiento de Marcel Lefebre. Entonces, dicha maniobra tuvo como objetivo humillar y “escarmentar” a dos personas que a su condición de mujeres unían la calidad de disidentes; a la acción discriminatoria de género, se sumó el fanatismo religioso. Don Lázaro Pérez, obispo de Celaya al respecto dijo que “son unas farsantes, ladronas y sinvergüenzas que se disfrazan de monjas católicas, pero pertenecen a otro credo” (El Universal. 9/II/09). Es decir, lo que en el propio rebaño constituye un acto piadoso, en el ajeno se convierte en delito. Se olvida monseñor, que Marcel Lefebre, no fue un obispo de “otra religión”; aunque disidente, se mantuvo en la ortodoxia católica y que en días pasados Benedicto XVI levantó la excomunión que pesaba sobre dicho movimiento, quedando éste, perfectamente convalidado. Asimismo, la opinión episcopal parece muy lejana a la “caridad cristiana” que recomendaba el Concilio Vaticano II con los “hermanos separados”, si ese hubiera sido el caso (JAMG).

La tiranía de los partidos

Robert Michels, politólogo belga elaboró en 1911 un postulado que se conoce como la Ley de Hierro de las oligarquías, según la cual * es una característica de la sociedad moderna el que en toda organización social (partido político, sindicato, club, etc.), el poder real sea monopolizado y se encuentre concentrado en unas cuantas personas, en detrimento de quienes constituyen la base de la organización. La tendencia hacia la formación de una oligarquía va creciendo a media que el aparato de un partido político (u organización social) se hace más complejo. En la etapa inicial los miembros participan activamente en la vida del mismo, siendo escuchados y tomados en cuenta en la toma de decisiones. Pero a medida que se amplían las actividades del partido y que crece el número de miembros de la organización se hace necesaria una burocracia interna que de curso a los asuntos administrativos y políticos cotidianos del mismo. Esa burocracia se localiza en un plano intermedio interponiéndose entre los dirigentes y los miembros del partido, dificultando la comunicación directa. Los dirigentes acaban por apoyarse más en el aparato burocrático que en la base del partido, llegando al extremo de que los líderes empiezan a actuar por su cuenta y bajo su propia responsabilidad, sin consultar a los demás. Un ejemplo de esta burocratización de los partidos lo constituye la designación de candidatos a ocupar cargos legislativos en los comicios intermedios de julio próximo. En febrero, el PAN hará la designación de candidatos el Comité Ejecutivo Nacional “oyendo” al Comité Directivo Estatal y a las Comisiones Estatales y Nacional de elecciones. En el PRI se postularán “candidatos de unidad”, mediante convención de delegados: un pacto entre gobernadores, dirigentes de las bancadas legislativas y representantes de los sectores. En el PRD los aspirantes se elegirán por acuerdo local o regional, mediante “encuestas” en los Estado donde haya más de dos candidatos, en asambleas o por acuerdo nacional (Proceso 1682). A medida de que un monopolio se vuelve más rígido, ** en política o en los negocios, corre mayor riesgo de perder el control. Aún cuando los burócratas de los partidos pueden preferir perder una o varias elecciones antes que hacer concesiones a nuevos desarrollos y nuevos votantes (como el PRD en Guerrero), no pueden perder por mucho tiempo sin que el partido decline y surjan otros partidos para reemplazarlo (como la escisión cardenista del PRI). Los individuos que desean reformar un partido existente deben juzgar cuidadosamente si resulta preferible seguir participando dentro del partido o abandonarlo y tratar de formar uno nuevo (como los espinosistas en el PAN, o lópezobradoristas en el PRD). Por su parte los líderes del partido deben decidir entre desalentar y expulsar a la oposición o aceptar suficiente reformas para que los disidentes sigan encontrando atrayente su participación. En México, durante 70 años de gobierno unipartidista que controló a las demás organizaciones que incidían en la vida pública, desde los sindicatos hasta los clubes deportivos, la educación y los medios de comunicación de masas, sólo escapó a ser considerado como totalitario, en la medida de que toleró a pequeños grupos de oposición, aunque controlando la mayor parte de los puestos gubernamentales y la mayor parte de la influencia en los asuntos públicos. En ese tiempo no se movía la hoja del árbol sin el permiso del Señor Presidente y todos los candidatos de elección popular, así como los magistrados y ministros del poder judicial eran “palomeados” desde Los Pinos. Ahora que la voluntad del Ejecutivo no es omnipotente, resurge, como herencia indeseable del siglo XIX el vicio de la reciprocidad en el orden político, por el que se intercambian lealtad por impunidad; como lo evidencian los casos de Romero Deschamps, Arturo Montiel, Mario Marín, Ulises Ruiz o Elba Ester Gordillo. El intercambio de favores políticos es el cemento que mantiene débilmente unidos a los principales grupos componentes de los partidos políticos entre sí, como en sus relaciones con el gobierno y a los propios miembros del aparato estatal. El aliciente que nutre la visión patrimonialista de aspirantes y detentadores del poder, quienes conciben la política no sólo como un medio de vida, sino como la oportunidad dorada para enriquecerse. Los primeros, en busca de los subsidios multimillonarios que a cargo de los contribuyentes se asignan en los procesos electorales. Las autoridades, por su parte, aprovechan el tráfico de influencias y los desvíos de los fondos públicos para dejar exentos de preocupaciones monetarias a sus descendientes hasta la quinta generación. Bajo este contexto, todo el aparto político de la nación: la nomenclatura, los partidos, los grupos de presión se constituyen y se asumen como una oligarquía que lucha por sus particulares intereses, muy lejos de las aspiraciones, ideales y necesidades de la sociedad que los sustenta (JAMG).
* Claude Heller. Poder, política y estado. ANUIES. ** Karl W. Deustsch. Política y Gobierno. F.C.E.