Azules en campaña

Los primeros días de febrero, en Escárcega, Campeche, con motivo de la ampliación de la carretera Villahermosa-Xpujil, Felipe Calderón se despojó de su presunto carácter de jefe de Estado para ceñirse la camiseta como líder de su partido. Iniciando así, prematura e ilegalmente, la campaña para los comicios del próximo julio. Como orador de barriada, argumentó que debido a la oposición a su proyecto de reforma petrolera por parte del PRI, PRD, PT y Convergencia, no se pudieron construir las tres refinerías que él pretendía, una de ellas una en esa entidad federativa, en la que por mera coincidencia, se renovará el puesto de gobernador. Familiarizados con una demagogia tan primitiva, la audiencia no vaciló en abuchear al Jorge Carlos Hurtado mandatario estatal de extracción priísta, ahí presente. Se olvidó Calderón que su proyecto fue rechazado por amplios sectores de la población, porque entrañaba la privatización de la industria petrolera. También pasa por alto que el gobierno de Vicente Fox obtuvo 40 mil millones de dólares por concepto de excedentes petroleros, los que muy bien hubieran podido emplearse para construir las tan anheladas refinerías. Esto sin tomar en cuenta los 20 mil millones de pesos de que dispuso Fox en el 2004 provenientes de las “cuentas sin movimiento” de las Afores y de las que nunca se supo cuál fue su destino. El 15 de este mes, con ocasión del viaje inaugural del buque escuela Cuauhtémoc al referirse a los efectos perniciosos de la delincuencia Don Felipe espetó: “Habría que preguntarse cómo es posible que hayamos como pueblo sido capaces de tolerar que semejante barbarie penetrara en la sociedad mexicana, que se asentara en nuestras calles, que penetrara en nuestras autoridades…”. El nuevo giro del discurso panista es evidente: la violencia que genera el narcotráfico habrá que achacárselo a la sociedad en su conjunto y a los gobiernos priístas. En el mismo sentido se ha pronunciado el Secretario de Economía Gerardo Ruiz Mateos, quien en un viaje al extranjero defendió las medidas tomadas por el gobierno para combatir a la delincuencia “porque el narcotráfico ya había hecho un Estado dentro del mismo Estado…, es un problema tan serio que tuvimos que entrarle… y si te puedo asegurar que el próximo presidente de la República hubiera sido un narcotraficante”. Palabras que pretenden escamotear el hecho de la supuesta guerra contra la delincuencia no logra abatir el tráfico de estupefacientes y en contrapartida ya arrastra una secuela de 7 mil muertos en lo que va del sexenio. Por su parte el dirigente Germán Martínez, del PAN hace circular por Internet un mensaje para ganar adeptos, culpando a los gobiernos estatales priístas del fracaso de la lucha contra el narco. No recuerda Germán que durante el gobierno panista de Francisco Barrio en Chihuahua floreció el cartel de Juárez de Vicente Carrillo el “Señor de los Cielos” y en el de Baja California, durante la administración de Rufo, se consolidó el cartel de Tijuana. Asimismo se pronuncia Martínez contra quienes “sugieren la rendición ante el narcotráfico” (posiblemente pactar con los barones de la droga) y las voces que desde el extranjero recomiendan despenalizar la marihuana (como lo hizo el expresidente Zedillo) “porque ponen riesgo la salud y la seguridad de la familia mexicana”. La inferencia es clara: si se vota por los albicelestes, partido y gobierno nos protegerán como hasta ahora. No faltará quien diga: ¡no me defiendas compadre! Ante las protestas realizadas en Nuevo León demandando que cese el patrullaje (y por ende los abusos) de las fuerzas armadas, por parte grupos no identificados, compuestos por hombres, mujeres y niños ataviados con paliacates y pasamontañas, tanto el gobernador de la entidad y como el propio presidente de la república afirmaron que dichos grupos obedecían a consignas del narcotráfico, el cual pretende seguir operando con total impunidad, ya sin la vigilancia de las autoridades federales. No obstante que tal aseveración podría ser cierta, entraña un grave peligro para la democracia y las libertades de nuestro país, pues al identificar a los críticos al gobierno con los enemigos de México (como se hizo con López Obrador), y encargar su combate a las fuerzas armadas, de ahora en adelante el ejército tendría el aval presidencial para disolver cualquier mitin, bloqueo o marcha en los que se critique al gobierno o que pretenda le resuelvan de inmediato carencias urgentes en los servicios públicos. Bastaría entonces con etiquetarlos como peones de los narcotraficantes para reprimirlos y encarcelarlos. ¿Acaso el partido-gobierno pretende inhibir la emisión de votos en las elecciones intermedias? Cometería un grave error, pues la última encuesta que se hizo sobre esa materia revela que si los comicios de realizaran hoy, el PRI obtendría la mayoría absoluta de los escaños en el Congreso de la Unión. La cereza del pastel: el ejército y el CISEN examinarán los expedientes de los candidatos que contenderán en las elecciones de julio para verificar si no están ligados con el narcotráfico. Hasta ahí todo parece bien. Sin embargo dicha medida puede constituirse como el mecanismo para que el gobierno aparte de la competencia a los adversarios molestos y los correligionarios disidentes. Bastará con colgarles el sambenito de “lavadores” de recursos ilícitos con un expediente amañado, para dejarlos fuera (JAMG).