La tiranía de los partidos

Robert Michels, politólogo belga elaboró en 1911 un postulado que se conoce como la Ley de Hierro de las oligarquías, según la cual * es una característica de la sociedad moderna el que en toda organización social (partido político, sindicato, club, etc.), el poder real sea monopolizado y se encuentre concentrado en unas cuantas personas, en detrimento de quienes constituyen la base de la organización. La tendencia hacia la formación de una oligarquía va creciendo a media que el aparato de un partido político (u organización social) se hace más complejo. En la etapa inicial los miembros participan activamente en la vida del mismo, siendo escuchados y tomados en cuenta en la toma de decisiones. Pero a medida que se amplían las actividades del partido y que crece el número de miembros de la organización se hace necesaria una burocracia interna que de curso a los asuntos administrativos y políticos cotidianos del mismo. Esa burocracia se localiza en un plano intermedio interponiéndose entre los dirigentes y los miembros del partido, dificultando la comunicación directa. Los dirigentes acaban por apoyarse más en el aparato burocrático que en la base del partido, llegando al extremo de que los líderes empiezan a actuar por su cuenta y bajo su propia responsabilidad, sin consultar a los demás. Un ejemplo de esta burocratización de los partidos lo constituye la designación de candidatos a ocupar cargos legislativos en los comicios intermedios de julio próximo. En febrero, el PAN hará la designación de candidatos el Comité Ejecutivo Nacional “oyendo” al Comité Directivo Estatal y a las Comisiones Estatales y Nacional de elecciones. En el PRI se postularán “candidatos de unidad”, mediante convención de delegados: un pacto entre gobernadores, dirigentes de las bancadas legislativas y representantes de los sectores. En el PRD los aspirantes se elegirán por acuerdo local o regional, mediante “encuestas” en los Estado donde haya más de dos candidatos, en asambleas o por acuerdo nacional (Proceso 1682). A medida de que un monopolio se vuelve más rígido, ** en política o en los negocios, corre mayor riesgo de perder el control. Aún cuando los burócratas de los partidos pueden preferir perder una o varias elecciones antes que hacer concesiones a nuevos desarrollos y nuevos votantes (como el PRD en Guerrero), no pueden perder por mucho tiempo sin que el partido decline y surjan otros partidos para reemplazarlo (como la escisión cardenista del PRI). Los individuos que desean reformar un partido existente deben juzgar cuidadosamente si resulta preferible seguir participando dentro del partido o abandonarlo y tratar de formar uno nuevo (como los espinosistas en el PAN, o lópezobradoristas en el PRD). Por su parte los líderes del partido deben decidir entre desalentar y expulsar a la oposición o aceptar suficiente reformas para que los disidentes sigan encontrando atrayente su participación. En México, durante 70 años de gobierno unipartidista que controló a las demás organizaciones que incidían en la vida pública, desde los sindicatos hasta los clubes deportivos, la educación y los medios de comunicación de masas, sólo escapó a ser considerado como totalitario, en la medida de que toleró a pequeños grupos de oposición, aunque controlando la mayor parte de los puestos gubernamentales y la mayor parte de la influencia en los asuntos públicos. En ese tiempo no se movía la hoja del árbol sin el permiso del Señor Presidente y todos los candidatos de elección popular, así como los magistrados y ministros del poder judicial eran “palomeados” desde Los Pinos. Ahora que la voluntad del Ejecutivo no es omnipotente, resurge, como herencia indeseable del siglo XIX el vicio de la reciprocidad en el orden político, por el que se intercambian lealtad por impunidad; como lo evidencian los casos de Romero Deschamps, Arturo Montiel, Mario Marín, Ulises Ruiz o Elba Ester Gordillo. El intercambio de favores políticos es el cemento que mantiene débilmente unidos a los principales grupos componentes de los partidos políticos entre sí, como en sus relaciones con el gobierno y a los propios miembros del aparato estatal. El aliciente que nutre la visión patrimonialista de aspirantes y detentadores del poder, quienes conciben la política no sólo como un medio de vida, sino como la oportunidad dorada para enriquecerse. Los primeros, en busca de los subsidios multimillonarios que a cargo de los contribuyentes se asignan en los procesos electorales. Las autoridades, por su parte, aprovechan el tráfico de influencias y los desvíos de los fondos públicos para dejar exentos de preocupaciones monetarias a sus descendientes hasta la quinta generación. Bajo este contexto, todo el aparto político de la nación: la nomenclatura, los partidos, los grupos de presión se constituyen y se asumen como una oligarquía que lucha por sus particulares intereses, muy lejos de las aspiraciones, ideales y necesidades de la sociedad que los sustenta (JAMG).
* Claude Heller. Poder, política y estado. ANUIES. ** Karl W. Deustsch. Política y Gobierno. F.C.E.