Comicios y gobierno fallido

Los resultados de las pasadas elecciones muestran la escasa legitimación social que cuentan los partidos políticos y los legisladores como representantes de la soberanía nacional, habida cuenta del abstencionismo y el anulacionismo que se dio en las mismas. El PRI, supuestamente gran triunfador de la contienda, de un padrón de 77 millones obtuvo algo más de 12.5 millones de votos que corresponden al 16% del total de ciudadanos, si pensamos que México tiene 107 millones de habitantes, entonces, los del tricolor, cuando tomen cualquier decisión que afecte al conjunto de la población, lo harán con el hipotético respaldo del 11.68% de ella, uno de cada diez mexicanos. En su proceder los diputados (y senadores) casi siempre alegan en su favor la legitimidad que les dieron las urnas pero, como se puede observar, ésta es bien escasa. A ello habrá que sumarle la mala fama (bien ganada) que desde siempre ha acompañado a los políticos, en especial a los legisladores, opinión que es compartida por la mayoría de la población. Además, la falta de aceptación que tiene el Ejecutivo Federal desde su arribo al poder, luego de unas elecciones presidenciales muy impugnadas, pretendió construirse una legitimidad a través de la lucha contra el narcotráfico, utilizando para ello a las fuerzas armadas en una operativo que en tres años ha ocasionado los 15 mil muertos, con nulos resultados por lo que se refiere al incremento de los adictos jóvenes y la cantidad de estupefacientes que circulan en el territorio nacional. De manera torpe, en la pasada campaña electoral, la propaganda del partido en el poder se centró en la pretendida popularidad de Calderón por su lucha contra el crimen organizado. Al serles adversos los resultados, políticamente se leen como un voto de censura a la labor presidencial. Esta situación unida al dominio que ejercerá el PRI en la Cámara de Diputados, da como resultado una mayor debilidad del gobierno frente a los grupos que detentan los poderes fácticos: burguesía nacional, trasnacionales, televisoras o narcotraficantes. Esta flaqueza se revela con la reciente aprehensión de Arnoldo Rueda Miranda, (a) La Minsa, supuesto jefe del cártel denominado La Familia, la cual desató como represalia un ataque al personal y edificios de la Policía Federal o donde se hospedaban, en una docena de ciudades de Michoacán, Guanajuato y Guerrero con un saldo de 15 muertos, entre agentes de la corporación y soldados. El Secretario de Gobernación, Fernando Gómez-Mont, pretende hacernos creer que esos actos son prueba de la contundencia con que se golpeó a dicho grupo, pero la sincronización con el que se llevaron las agresiones del cártel michoacano, y la extensión territorial que abarcaron tuvieron como propósito mostrarle al gobierno la fuerza de esa banda y su capacidad de respuesta. Servando Gómez Martínez (a) La Tuta, otro supuesto jefe de La Familia, en comunicación telefónica a una televisora michoacana, manifestó su deseo de pactar con el gobierno, manifestando un supuesto respeto por el ejército y la investidura presidencial quejándose asimismo de la estrategia del Secretario de Seguridad Pública García Luna por involucrar a familiares de los narcotraficantes en su lucha contra éstos. Obviamente el gobierno, por boca del Secretario de Gobernación, rechazó la oferta de armisticio de esa organización, y expresó la voluntad del gobierno para seguir combatiendo a la delincuencia con la fuerza policíaca y militar. Sin embargo, esta estrategia por sí sola es incapaz de abatir a ese flagelo social, como lo han expresado en numerosas ocasiones los especialistas en la materia, sino atacando las fuentes de financiamiento de las mafias y el lavado de capitales, mediante auditorias continuas a la banca y las empresas domésticas o trasnacionales, que han sido penetradas por el narcotráfico. Una medida que la clase política y económica mexicana se ha negado emprender; acciones que deben complementarse con mayores oportunidades de empleo y medidas preventivas para los jóvenes. Las acciones en las que el ejército y agentes federales han detenido en masa a funcionarios o miembros de la policía local, acusándolos de estar infiltrados por el narco, al no hacerse evidentes las pruebas que incriminan a dichos servidores públicos, siempre quedará flotando sospecha que dichos operativos, en realidad persiguen la conformación de un Estado autoritario, suprimiendo la autonomía de los Estados, ajenos al PAN, con el pretexto de combatir la delincuencia. La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) en la persona de Luis Cárdenas Palomino (LCP), segundo en la jerarquía de la SSP, acaba de presentar, a los “verdaderos” secuestradores del joven Martí; asegurando que éstos no tienen ninguna relación con miembros de la banda de La Flor, a quienes originalmente la Procuraduría del DF había consignado ante los tribunales por ese delito. Habrá que recordar que entre los primitivos secuestradores figuraba Lorena González funcionaria de la SSP quien, al parecer, comandó el falso retén donde detuvieron a la víctima. Su jefe inmediato era Facundo Rosas, subalterno de la misma jerarquía de LCP, inmediato a Genaro García Luna, titular de la dependencia. Para alejar la sospecha de que están “alivianando” a uno de los suyos tendrán que presentar mayores pruebas que la sola confesión “voluntaria” de un supuesto jefe de Los Petriciolet, los ahora nuevos y “auténticos” sicarios. La debilidad del gobierno mexicano también se evidencia en plano internacional. Ahora fue Canadá, la que en un acto unilateral y prepotente, que de un día para otro, impuso el requisito de la visa a los mexicanos que pretendan visitar aquel país. El personal de esa representación diplomática no tomó las medidas necesarias para atender a miles de nuestros connacionales que en esta época de vacaciones, atiborraron las aceras de la Embajada, con la urgencia de viajar a ese país por estudio, trabajo o placer y que habían adquirido con mucha anticipación paquetes turísticos y pasajes de avión. Los burócratas canadienses, llenos de soberbia, sólo acertaron a expresar a los afectados: “Ese es su problema”. Como importa más el dinero que la dignidad nacional, no se exigió en reciprocidad, la misma medida para el millón de canadienses que nos visitan anualmente, sino que se limitó a imponerla al puñado de los diplomáticos y funcionarios que a futuro sean comisionados a nuestro país. La sorpresiva medida parece que no sólo le pilló los dedos contra la puerta, sino también los redaños, al gobierno mexicano P. S. - *En este Seminario apareció una gacetilla (16/07/09) dando cuenta que nuestro Edil (¿sin el concurso del Ayuntamiento?), gestionó ante una tal Secretaria (¿funcionaria?) de los Jóvenes (tal vez se quiso decir de una Secretar-í-a, aunque no sabemos si Federal o Estatal), la entrega de unos hatos de borregos, e imaginamos, que dicha cesión forma parte de algún programa gubernamental, destinado a jóvenes de las Comunidades, pero no a la zona rural de la cabecera municipal. Es una acción que se puede calificar de plausible, puesto que permite a quienes se inician en el camino de la vida, cuatro, puedan tener “un ingreso extra”, con la venta de los productos pecuarios. Sólo queda una duda, por qué a ellos y no a otros. ¿Cuál fue el mecanismo que se siguió para su otorgamiento? ¿Aleatorio? Quizá tomando al azar sus nombres y edades del censo de población, o acaso fue una designación unipersonal y discrecional del Alcalde y en su ánimo pesaron los apellidos Alemán-Alvarado (Monteleón), Rico-Alvarado (Tequesquite), Gutiérrez-Ávalos (Camiche) o Miranda-Ayala (Emiliano Zapata). De resultar cierta esta última hipótesis, se estaría en presencia del más puro clientelismo político o del pago de facturas electorales, que por no por haberse publicitado la medida después de las elecciones, deja por ello de ser una acción ajena al Derecho. *Una de las formas que tienen los funcionarios de acopiarse de fondos extra para su peculio es la de manifestar en las nóminas que un determinado número de empleados públicos (barrenderos, peones, etc.), desempeñan ciertas actividades, aunque en realidad sus tareas sean ejecutadas por un numero menor, quedándose los jefes con los sueldos correspondientes. Cuando el número de operarios es numeroso o muy variable se hace muy difícil detectar la anomalía. Caso contrario sucede cuando su número es pequeño y sus labores fijas. Por ejemplo, si en una nómina hay cuatro policías (dos por jornada), que estuviesen asignados a la vigilancia en alguna oficina de la CFE, no pueden destinarse sólo uno por cada turno a ese cometido, ya que el público se percataría de inmediato de dicha irregularidad. (JAMG).