Quien siembra vientos…

La muchedumbre que año con año, acude el día de Santiago a presenciar las carreras en El Hacha, alcoholizada durante horas, irrumpe cabalgando o a pié, a eso de las ocho de la noche en el Primer Cuadro de nuestra población, que para esas horas se convierte literalmente en una monumental cantina, rodeada por hieleras y cubetas con cerveza, puestos con cantaritos de tequila adulterado, aunque también, por otras sustancias psicotrópicas que circulan más veladamente. Acaso se necesitaba ser muy clarividente para prever que en medio de una embriaguez multitudinaria se podían despertar las tendencias antisociales de quienes pertenecen a los grupos que detentan los poderes fácticos, siempre deseosos de mostrar su poderío que los lleva a incurrir en actos que desencadenan fatalmente la violencia. En esas circunstancias, la labor de la policía municipal como chaperona de los ebrios se torna insuficiente. Cuando la despreocupación o el afán de lucro de quienes deben gobernar obedece a la lógica de los expendedores de bebidas espirituosas y las políticas municipales son las de tolerar, permitir o promover su venta, sólo pueden tener como resultado la descomposición social con su saldo de riñas, heridos y pérdidas humanas. Tal vez algunos podrán pensar que la vida de dos personas bien vale una buena vendimia. Siempre que los despropósitos de la autoridad civil rebasan la convivencia y la paz social, se pide el auxilio del ejército para que las restablezca, efecto que no siempre se consigue por la secuela de violaciones a los derechos humanos que acompaña a la tropa, en su afán de reprimir a “los criminales”, hacen pagar masivamente a justos por pecadores. En el caso que nos ocupa, una Compañía de soldados acudió a la media noche, horas después que dos ciudadanos habían muerto y la angustia se había apoderado de esta parte la ciudad; con mujeres y miembros del Ayuntamiento, en estado etílico, refugiados en casas ajenas cercanas a los hechos. Por qué no se solicitó desde temprano la presencia de los militares, para impedir la habitual orgía alcohólica en la Plaza de Armas, programando su retirada, como ahora lo hizo, a primeras horas de la madrugada. Las autoridades federales, seguramente no por incapacidad, sino quizá por motivos políticos, filtraron a los medios (Milenio Televisión, Radio Noticias 84, Agencia Quadratin, Jornada Michoacán) la especie de que el suceso en que perdieron la vida dos personas, un policía y un civil “desconocido” (?), se debió a un “enfrentamiento de bandas rivales” o de “un comando” que “rafagueó” la Presidencia Municipal. Ello implicaría tácitamente a La Familia Michoacana a quien se atribuye el dominio de la nuestra entidad. Posiblemente también con esa intención ubicaron los hechos el domingo 26 por la madrugada y no como en realidad sucedieron el sábado 25 por la noche, para hacerlos coincidir como “operativos criminales simultáneos” con otro hecho de violencia que se dio en Ecuandureo. Relato diverso a la realidad, conforme a la versión dominante en el pueblo: una riña entre particulares que dio motivo a la intervención (desafortunada) de la policía, y que enfrentados un guardián del orden y un civil, perdieron la vida, ambos actores, ajenos a las actividades de aquella organización delictiva. Cuando se invoca al maligno, atribuyéndole hechos que no realizó, celoso y ofendido, no tardará en mostrar su verdadero poder. ¿Acaso nosotros envidiábamos la zozobra y la violencia que viven los municipios del Sur de la entidad? Los “levantones”, la extorsión a que son sometidos los empresarios y la gente común, los secuestros Express, la compra de protección, la adquisición forzada de productos a ciertas compañías, las cabezas y cuerpos cercenados, los ataques con granadas en las plazas públicas. Y por contrapartida: La invasión nocturna y violenta de la tropa que fractura puertas y expolia bienes de los hogares ciudadanos en su búsqueda indiscriminada del “enemigo”; el bombardeo con tanquetas a las casas habitación; las detenciones arbitrarias y la tortura; el toque de queda sin declaración oficial; la irrupción arbitraria de las fuerzas federales en los cabildos, vulnerando el pacto federal; la reclusión de nuestras autoridades locales, al gusto del Delfín.
La segunda mitad del artículo correspondiente a la próxima semana ya se había redactado antes de que ocurrieran los sucesos del sábado 25. Como la dinámica de los acontecimientos de ese día guardan relación con lo ahí escrito se ha optado también por transcribirlo. Es digna de aplauso la disposición que ahora han mostrado la autoridad por aclarar los equívocos que se suscitan en la población, por los desplegados que emite dando cuenta de sus actividades. Un gobierno será más democrático en la medida que a todas sus acciones, individuales y concretas, se les de la mayor transparencia y se ofrezca una constante rendición de cuentas, no con datos abstractos que poco dicen y nada aclaran a los ciudadanos que los llevaron al poder. Por ello sería muy conveniente se aclararan los datos del Suplemento de la Presidencia Municipal, que publica (como todas las semanas) en el número anterior de El Cazador (23/VII/09). *Por qué si en el organigrama de la Dirección de Seguridad Pública que muestra en la portada de la sección “A” aparece que ésta se integra con 70 elementos (35 por cada turno) y en la fotografía alusiva sólo están retratados unos 28 policías. Asimismo, en la información que se desglosa en la página dos: *cuál fue el incremento efectivo del personal; *cuántas fueron las patrullas que se aumentaron; *en qué consistió la capacitación que se dio a los policías; *en que estribó la modernización del equipo de la corporación; *cuánto se redujo el “exceso” el sonido en los vehículos (imaginamos también en los oficiales); *cómo se apoyó al Departamento de Tránsito en los operativos de vialidad; *cuál fue el número de elementos que se comisionaron a Tránsito y cuales son (o fueron) sus funciones. *En qué consistió el apoyo de vigilancia brindado a las Comunidades; *cómo fue que se “erradicó” el consumo de bebidas en el primer cuadro de la Plaza (imaginamos que exceptuando los días festivos, y sobre todo en Carpio/Guerrero, y Constitución/Guerrero); *cuántos fueron los uniformes entregados a los elementos de la Corporación; *cuál fue el resultado del examen antidoping que se les aplicó; *cuál es el contenido del Reglamento de Seguridad Pública, el que debe ser muy diferente a las llamadas “atribuciones”, que ahí mismo se consignan. Toda esa información, aunque parece prolija, bien pudiera haberse detallado en las ocho páginas de las que dispone la Administración Municipal en El Cazador, cada semana, así se haría rendir, en forma más eficiente, el presupuesto de Comunicación (o promoción), que en última instancia es aportado por los contribuyentes y que debe ser utilizado para dar mayor transparencia a los actos de gobierno. Al respecto, el párrafo 8º del Art. 134 constitucional prescribe: “La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales los poderes públicos… y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público”. (JAMG).