Ardides en las campañas

1.- En el Antiguo Régimen donde prevalecía el Partido de Estado no existía una frontera clara entre los miembros de ese instituto político y los integrantes del gobierno, al punto de que aquél era considerado como una especie de agencia de colocaciones y se asumía que todo empleado público debía ser por ello, un decidido militante del tricolor, estuviera o no inscrito en su padrón. Una fidelidad similar era requerida a los miembros de la nomenclatura de la Unión Soviética, respecto del partido comunista. Por eso motivo, en época de elecciones se exigía (ilegalmente) a los funcionarios mexicanos que “cooperaran” de manera obligatoria a la campaña de los supuestos correligionarios, mediante cuotas previamente asignadas; que hicieran proselitismo y aseguraran cada uno el voto priísta de diez ciudadanos, quienes a su vez deberían comprometer a otros tantos y así hasta el infinito. A partir del año 2000 nuestro país se configuró como un país multipartidista, donde las preferencias de los ciudadanos quedaron divididas entre tres partidos principales y varios más pequeños, iniciándose así el pluralismo como una condición previa de la democracia. Por ello resulta chocante que nuestra máxima autoridad municipal pretenda que los funcionarios y empleados del Ayuntamiento se abstengan de saludar o de aparecer retratados con los militantes de otros partidos y que deben participar en mítines y reuniones apoyando exclusivamente a candidatos del tricolor. Conminándolos a renunciar a sus puestos, para que de esa manera pudieran apoyar de tiempo completo “a los otros”. Se olvida nuestro Edil que las instancias partidarias son las únicas que pueden sancionar con la expulsión de quienes, siendo militantes de una formación política, apoyen a los candidatos de otra; que los funcionarios sólo pueden ser removidos de sus puestos por el incumplimiento de sus obligaciones y no por sus preferencias políticas (que pueden legalmente manifestar tanto en público o privado); y que varios de ellos deben su puesto a la voluntad de los electores y no a una graciosa merced del Ejecutivo Municipal. Al trascender actitudes como ésta que se dan en el seno de Cabildo, la opinión pública, tendrá motivos serios para dudar de que el partido de la revolución institucionalizada haya abandonado sus viejos atavismos. ¿Cómo entonces pueden pedir nuestro voto, al pregonar sus espots: “experiencia probada, una nueva actitud”? 2.- Cuando López Obrador “manda al diablo” a las instituciones no faltan voces que le califican de peligroso demagogo, promotor de la violencia y motivo de la división de los mexicanos. Sin embargo al analizar de manera objetiva la actuación de los organismos electorales y los árbitros que supuestamente administran la justicia, paso a paso vienen a corroborarse los motivos para desconfiar en ellos. Después de 70 años en que ciudadanos y autoridades años hicieron de la cultura antidemocrática una forma de vida, que vieron como “normales” figuras tales como el dedazo, el tapado, el clientelismo, las dádivas electorales, el acarreo de votantes, el fraude patriótico en sus formas más variadas, desde la “caída del sistema”, el “rasurado” del padrón y su complemento del “ratón loco”, el robo e incendio de urnas, el “taqueo” o el carrusel de electores. Acostumbrados a que la Cámara de Diputados y la Secretaría de Gobernación fuesen juez y parte del proceso electoral, acaso todavía nos parece “normal” que los órganos encargados de impartir justicia en los procesos electorales determinen en forma partidista y sesgada quien puede ser o no en dirigente de un determinado partido o quienes pueden o no ser candidatos. Así, a pesar de que en los comicios internos para elegir al presidente del PRD quedó constatado que tanto los seguidores de Jesús Ortega, como los de Alejandro Encinas cometieron numerosas irregularidades, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) no vaciló en otorgar el triunfo al primero, en lugar de declarar nulo todo el proceso como correspondía, con lo que tomó partido por el aspirante que era afín a Felipe Calderón. No sólo se inmiscuyeron así fuera a petición de supuesta parte agraviada, (pero a valor entendido), en la vida interna del partido, sino que sustituyeron a la voluntad de los militantes manifestada en las urnas. Ahora el TEPJF, actuando según eso, dentro de la legalidad, ha negado la posibilidad de participar en la contienda por la Delegación de Iztapalapa en el DF a Clara Brugada, a la que impulsaba una coalición de tribus del PRD identificadas con López Obrador, dándole el triunfo a Silvia Oliva promovida por el grupo de los “Chuchos”, y el Senador René Arce, su marido, el que desde hace nueve años domina esa demarcación, ya que después de su administración (2000-2003) le sucedió su hermanastro Víctor Hugo Círigo (2003-2006) y su aliado Horacio Martínez (2006-2009). Al impugnar Oliva la elección ante los órganos de su partido y no darle la razón, acudió al Tribunal Electoral del DF (TEDF), el cual procedió a anular 34 casillas, pero al no modificarse el triunfo de Brugada, le entregó constancia de mayoría. Ante ello, Oliva acudió ante la Sala Regional del TEPJF, el 18 de mayo y cinco días después solicitó, en forma extemporánea, que sus recursos de impugnación fueran revisados por la Sala Superior del TEPJF, en casos similares ésta la hubiese rechazado por no haberla promovido en tiempo, sin embargo en esta oportunidad los magistrados determinaron atraer el caso oficiosamente, por considerar al asunto “de importancia y trascendencia”. Después de 28 días, el 11 de junio, la Sala Superior convocó a los magistrados, por la noche, para dictaminar sobre el particular. Al ir desechando uno a uno los cinco juicios materia de las diversas impugnaciones que Oliva había presentado, el tribunal decidió “por razones de método” no estudiar los agravios “como fueron propuestos por la parte actora”. A ello, en el lenguaje del foro, se llama suplir la deficiencia de la queja, lo que equivale a que el Tribunal, tome partido por uno de los litigantes. Asimismo al atraer un expediente específico, procedió anular otras 47 casillas que sumadas a las 34 anteriormente invalidadas por el TEDF, dieron el triunfo a Silvia Oliva. Lo que significaba el 17% de la votación, deteniéndose en su lógica anulatoria para no llegar al 20% pues ello dejaría sin validez a la elección en su totalidad, dando oportunidad al PRD para nombrar nuevo candidato mediante una Asamblea. Los efectos de la maniobra del TEPJF, al haberse tardado tanto en dictaminar impidieron, por una parte que Brugada fuese propuesta como candidata por otro partido. También, al quedar impreso en las boletas el nombre y la fotografía de Brugada y no la de Oliva los simpatizantes de la primera, creyendo que sufragan en favor de su candidata, estarían dando su voto por su contrincante. Si el grueso de los seguidores de Brugada votan por el PT, como lo propuso AMLO, además de la división interna que acarrea el PRD, se debilitará en Iztapalapa, su principal bastión en el DF. Y sin los votos de Iztapalapa es muy factible que el PRD llegue a perder la Jefatura de Gobierno del DF en el 2012. El golpe asestado al PRD es evidente, pero es mayor el que se descargó a la democracia y la credibilidad de las instituciones (JAMG).