El agravio y la burla

La corrupción, el tráfico de influencia, la indolencia y el burocratismo de autoridades municipales, estatales y federales que favorecen a los diversos grupos de poder, propiciaron la muerte de 46 infantes y las lesiones de otros 30 por quemaduras o por la inhalación de humos tóxicos, ha mostrado su verdadero rostro, al pretender justificar sus acciones y evadir sus responsabilidades mediante la desfachatez, la prepotencia, la hipocresía y la demagogia. Los dueños de la guardería ABC, todos vestidos de blanco, un color que seguramente aconsejado por los creadores de imagen, para que dieran la impresión de pureza e inocencia, en una conferencia de prensa han insistido, contra todas las evidencias, que la distribución de la planta física del inmueble era la apropiada para ese tipo de servicios y que se contaba con todas las medidas de seguridad reglamentarias, mientras que las imágenes de la televisión evidencian lo contrario. Se rasgaron sus vestiduras al exponer como “habían puesto sus capitales para proporcionar un servicio social que demandaba la sociedad de Hermosillo; que ellos sólo eran socios capitalistas que habían delegado (indebidamente) a terceros la prestación del servicio. Sin faltar la señora en el presidium que soltara alguna lagrimita para ser más convincente. Por su parte, el gobernador del Estado y los funcionarios del IMSS presumieron cómo los heridos fueron atendidos de inmediato en los hospitales y cómo se dispuso que los gastos de los entierros corrieran a cargo del erario público. El presidente Calderón, de traje y corbata negra apersonándose en los Hospitales de Hermosillo para presentar su solidaridad a las víctimas y su señora esposa, Margarita Zavala haciendo lo propio en el Centro Médico de Occidente en la ciudad de Guadalajara; Eduardo Bours, también todo de negro, haciendo acto de presencia en el hospital de Estados Unidos en que se atienden a unas de las victimas. Todo un esfuerzo para que a través de imágenes simbólicas la opinión pública se convenza de su filantropía y de que se preocupan por las aflicciones de los ciudadanos, los que se contentarán con las explicaciones justificatorias de su actuación, sin percatarse que el pueblo esta convencido de la responsabilidad de los tres órdenes de gobierno. El municipal de Hermosillo, que autorizó el uso del suelo para instalar una guardería en una zona fabril, así como la licencia para que funcionara dicho giro y que dio por bueno el cumplimiento de las normas de seguridad en el inmueble. Del gobierno estatal que alquilaba la bodega, el foco donde precisamente se inició la conflagración, motivada por un pretendido calentamiento de un sistema de enfriamiento (cooler), el que inexplicablemente estaba funcionando en un local que no tenía operarios, cerrado por fuera, y que era ocupado como depósito de la Secretaría de Hacienda sonorense. Del gobierno federal al subrogar el servicio a los particulares sin verificar (o pasando por alto) que las instalaciones fuesen las adecuadas para una guardería y que en la práctica cotidiana cumplían con todas las medidas de seguridad. Una catástrofe que revela, en su cabal dimensión, el uso del poder para favorecer económicamente a la clase política empresarial. Así el gobierno de Sonora pasó de pagar por el alquiler mensual de la bodega de 31,000 a 496,000 pesos a José Manuel Matiella Urquides, pariente de uno de los copropietarios de la guardería. Por su parte el IMSS sufraga 2,500 pesos por cada niño a los dueños de la ABC que obtenían ingresos brutos por unos 350 mil pesos mensuales; y que no satisfechos con ello, para abaratar costos se instalan en una bodega con sólo 13 empleados en lugar de los 24 comprometidos. Se calcula que el grupo asociado al gobierno Bours, (que tanto favoreció la campaña de Calderón por la por la presidencia de la república obtiene 4 millones 95 mil pesos mensuales por unas 13guarderías que le subrogó el IMSS en Hermosillo, Navojoa y Cd. Obregón. El maridaje del gobierno para favorecer a los miembros de la clase política se hizo manifiesta al conocerse la lista de los propietarios de la guardería: Antonio Salido Suárez (Director General de Infraestructura), Alfonso Escalante Hoeffer, Gildardo Urquides Serrano (Subsecretario de Ganadería Estatal, enlace empresarial de Antonio Elías Serrano, candidato del PRI a la gubernatura), concuño de Alfonso Escalante, y cuñado de Ricardo Mazón compadre de Bours- así como de Juan Carlos Ham, Secretario Técnico de Bours), esposo de Sandra Tellez Nieves (una de las dueñas de la ABC), y Marcia Hoeffer Gómez del Campo, esposa de Antonio Salido Suárez, Director de Finanzas de la Secretaría de Infraestructura Urbana); y éste a su vez, primo de Epifanio Salido hoy aspirante del PRI a la Presidencia de Hermosillo. Marcia, por otra parte, es sobrina de Roberto Gómez del Campo Laborín, tío de Lourdes Laborín Gómez de Bours, esposa del Gobernador de Sonora. Marcia Gómez del Campo, también es tía de Margarita Zavala Gómez del Campo, esposa de Felipe Calderón; la que afirmó ante la prensa no conocer a aquella, no obstante que las notas sociales habían dado cuenta hacia poco de la presencia de ambas en una connotada reunión familiar. Tal vez ese parentesco fue el que motivó al Procurador General de la República, Eduardo Medina Mora, para eximir prácticamente de culpabilidad a todos los posibles implicados, cuando declaró (La jornada, 11/VI/09), que nadie sería detenido, porque el incendio fue un hecho no intencional, (en todo caso se estaría en presencia de un delito culposo). El Procurador (subordinado de Calderón) pretende fundar su dicho, al dar por verdadero, un muy apresurado, y supuesto peritaje, (hecho por empleados suyos), afirmando que todo se debió al incendio del cooler (que enfriaba una bodega de papeles, sin gente), no obstante que técnicos en refrigeración lo consideran como un evento improbable y de que existen voces en Sonora (difundidas por la prensa), en el sentido de que el gobierno estatal, que ya va de salida, deseaba deshacerse de algunos documentos comprometedores. P.S. Cometen un delito electoral los funcionarios que hacen campaña en favor de un partido determinado, utilizando bienes o equipos destinados a un servicio público, así sea los sábados cuando los integrantes de la administración municipal supuestamente no están en funciones. (JAMG).