la ola de homicidios que ensangrientan a Yurécuaro,

1.- La matazón del jueves 25 en Monterrey, fue el resultado torpe de una acción criminal, perpetrada seguramente para escarmiento a una empresa que se opuso a pagar -o seguir pagando- el “derecho de piso” (término con el que se pretende suavizar una vil extorsión), no puede desvincularse de la corrupción de campea en todos los niveles del gobierno, así como del escenario de la lucha por el poder para el 2012, cuyos primeros episodios ya se estaban presentando (caso Moreira).
Corrupción del gobierno municipal que dejó operar a un casino que no tenía salidas de emergencia, con paredes y plafones con materiales inflamables y tóxicos, la presencia de cilindros de gas en lugares cerrados o la venta de protección política a través de un hermano del alcalde y la complicidad de su predecesor; policías convertidos en “halcones” de los delincuentes que incendiaron el casino. Corrupción del gobierno estatal que se “hace de la vista gorda” de lo que ocurría en su capital, porque su titular prefiere despachar desde Texas.
Corrupción de la Secretaría de Gobernación que otorga permisos a diestra y siniestra, ignorando quienes son los verdaderos dueños, por lo que esos garitos son -con frecuencia-, manejados por delincuentes. Corrupción de la Secretaría de Hacienda, que hasta ahora se dio cuenta de la importación ilegal de las máquinas tragamonedas en todos los casinos de Monterrey, siendo ella la encargada de las aduanas.
De los datos aportados por los sobrevivientes, se evidencia que la intención de los maleantes era simplemente incendiar el inmueble y no privar de la vida a la clientela, sobre la que no dispararon, aunque bien pudieron hacerlo, pues era gente desarmada y en su mayoría mujeres. Pero los pirómanos no pueden alegar en su descargo que no pretendían matar a nadie, pues quien persigue un fin ilícito, debe cargar con la culpabilidad de los demás actos que trae aparejados el objetivo primario. En este caso, infinitamente más grave, que la destrucción de un inmueble, es el asesinato de 52 personas,.
Aunque la intención de los delincuentes no era la de infundir pavor a la sociedad como tal, Felipe Calderón no vaciló en emplear por primera vez, la expresión “acto terrorista” para referirse a los hechos y con ello reveló una intencionalidad política. Pues, anteriormente, se había cuidado de no hacerlo en ocasiones similares, como el atentado con granadas en Morelia donde hubo varios muertos y más de 100 heridos; por el asesinato masivo de 72 migrantes centroamericanos en San Fernando, Tamps. Tampoco cuando estalló un coche bomba en el centro de Cd. Juárez en plena jornada laboral (15-7-2011); así como en los otros 17 atentados contra bares y discotecas de los últimos 5 años, con un saldo de 105 fallecidos y 132 heridos graves (cfr. La Jornada. 27-8-2011, p. 11)
Pero este hecho sangriento al impactar, más que otros, la sensibilidad popular, puesto que las víctimas eran amas de casa y jubilados de clase media, brindó a Don Felipe una oportunidad inmejorable, para seguir empujando su proyecto de Ley de Seguridad Nacional, que ha sido impugnada por su esencia fascistoide. De ser aprobada, el Presidente podría mediante un decreto, suspender las garantías individuales; las fuerzas armadas, entrar –legalmente- a los domicilios particulares sin orden de un juez, detener transeúntes y automovilistas en la calle, incomunicar a cualquier ciudadano hasta por 24 horas y obtener información de la manera que consideren más eficaz (cfr. Jaime Avilés, supra, p.8).
A mayor violencia, mayor temor y la gente estará dispuesta a perder sus libertades, bajo el espejismo de que tendrá una vida más resguardada; sólo que un estado de sitio, hoy virtual -después “legalizado”-, nadie es considerado inocente. En tal eventualidad ¿quién pondría freno a unas fuerzas armadas libres de ataduras?
Se sabe que: “La violencia (criminal o estatal) no sólo acarrea la pérdida de los seres queridos, sino también trae consigo la ruina de la dignidad humana y de la esperanza, la destrucción de la forma en que cada uno concebía el mundo, sus sueños y sus proyectos… Por eso la población se retrae de la vida pública como ya ocurre en Torreón, Matamoros o Reynosa, donde hay un deterioro absoluto de la cohesión social y una afectación de la vida comunitaria” (Dra. Verónica Martínez Solares, en Proceso 1817, pp. 10ss).
Por eso, muchos consideran que el actual régimen aprovecha (¿propicia?) la violencia que se ha enseñoreado de nuestro país, para llevar agua a su molino en las elecciones locales de este año y las presidenciales del 2012. Ya que sin cohesión social, ni liderazgos comunitarios –calcula el régimen-, triunfará la confusión y el abstencionismo; mientras que el voto duro de militantes y simpatizantes, unida a la alquimia electoral, les daría el triunfo.
Sólo que, al aumentar los asesinatos, secuestros, robos y extorsiones, disminuye de manera proporcional la popularidad de Don Felipe y la efectividad de su combate al narcotráfico y la criminalidad organizada. Pero ya tiene muy hecha su contraofensiva. En cada atentado, tanto él, como su vocero Poiré, pronuncian discursos cargados de adjetivos para descalificar a los malos, remachando su cantaleta: “seguiremos con la estrategia”, “intensificaremos la lucha”, “somos más los buenos”. Además, con meras exhibiciones mediáticas, pretende restaurar su deteriorada imagen y granjearse la voluntad perdida del pueblo; por ello se viste de luto, manda coronas fúnebres, decreta duelo nacional, puro simbolismo hueco que en nada modifica la brutalidad de la violencia.
Luego, el discurso que se fuga de la responsabilidad propia y proyecta la culpa en los demás. Todos, pero no Don Felipe, serían los culpables de la situación: el Congreso por no legislar como él desea; los gobernadores y alcaldes, al no perseguir a los narcotraficantes (que es del ámbito federal); el Ministerio Público (bajo su mando), que no consigna debidamente a los criminales; los jueces por no sentenciarlos, así sea inventándoles, delitos como en el michoacanzo.
También acude a la fingida perorata acusando a los estadounidenses de drogadictos y exportadores de armas, aunque en su oportunidad, les implorará los dólares de la Iniciativa Mérida, permitiendo que sus agentes ingresen masivamente a nuestro territorio para espiar a los ciudadanos y puedan torcer, a su conveniencia, la próxima sucesión presidencial.
Y como remate, su aparición, ad nauseam en la TV para mostrar cuan exitosos han sido los primeros cinco años de su gobierno. En cada corte comercial, pregona un mundo de logros, de una renacida “foxilandia” que le crean sus publicistas: carreteras, hospitales, escuelas, medio ambiente, empleo, etc., etc. Ya lo dijo Goebbels, el ministro de propaganda nazi: repite mil veces una mentira y se convertirá en verdad.
2.- Es en este contexto habrá que ubicar la ola de homicidios que ensangrientan a Yurécuaro, que tiene la mala suerte de ser frontera con Jalisco, a la manera de Cd. Juárez con El Paso Texas. Después de la matanza el día de Santa Ana y los ejecutados en La Tetilla, vienen a sumarse las ejecuciones de La Rivera y los decapitados en La Concia del miércoles 3; estos últimos, con mensajes dirigidos a presuntos capos de nuestro pueblo, hechos todos, que llenan de temor a los ciudadanos.
Las autoridades locales, por su parte, actúan como si todo fuera normal y continúan, despreocupadamente, con sus rutinas públicas. ¿Qué actitud tomarán cuando delincuentes armados a bordo de camionetas recorran el pueblo mostrando su músculo para amedrentar a la población? ¿Mirarán para otro lado y fingirán que no pasa nada? ¿Dejarán al pueblo en manos de la delincuencia y se irán a sus casas a gozar del retiro? ¿Qué pasará si los delincuentes ocupan las fincas de sus ranchos como santuarios, al ser perseguidos por el ejército? ¿Permanecerán en silencio? Mientras tanto, los candidatos al próximo gobierno municipal, alegremente se incorporan a sus campañas; para ellos, ¡no pasa nada!