Laicismo o teocracia

A partir de las revoluciones burguesas de los siglos XVII y XVIII el campo de acción de las personas quedó dividido en dos esferas independientes; la pública, propia de los ciudadanos en tanto integrantes de un Estado y la privada específica de los individuos como tales. La dimensión religiosa quedó confinada a esta última. El Estado laico tiene la obligación de mantener la religión en el ámbito privado que le corresponde. El Estado laico moderno no hace suya una determinada religión, ni la protege, ni se inspira en ella, ni las impone a la fuerza. En una sociedad democrática cada uno tiene derecho a la religión, pero nadie tiene el deber de compartir la religión de la mayoría de la sociedad. En un Estado laico se excluye a las iglesias del ejercicio del poder político y administrativo. Pero a la vez, reconoce y promueve el derecho fundamental de libertad religiosa, de tal manera que los individuos pueden organizar sus vidas de acuerdo a sus convicciones religiosas o ateas (agnósticas) en público y en privado.
Dos hechos de la presente administración municipal parecen contradecir el espíritu del laicismo que ha normado en México la conducta gubernamental en los últimos 140 años. La publicación en este Semanario (28/08/08) de una gacetilla oficial en que se da cuenta de la bendición que impartió el presbítero Caravez a las nuevas motocicletas de la policía en el mismísimo patio central de la Presidencia Municipal; así como la inclusión en el Bando Solemne del Mes Patrio de los “Eventos culturales y religiosos a cargo de la Parroquia de la Purísima Concepción” que se celebrarán el día 12 y que culminarán con la “entrega de reconocimientos por parte de la Parroquia” a los carros alegóricos” y a las señoritas engalanadas con trajes regionales.
“En política, la forma es fondo”, según la frase visionaria de Reyes Heroles. Y los actos políticos no suceden por casualidad. Todo hace suponer una especie de revancha a la sentencia del que dictó el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (8/12/07) declarando la nulidad de la elección del Ayuntamiento de esta ciudad, porque el partido triunfador, utilizó imágenes religiosas en su propaganda. Ahora que la planilla impugnada se convirtió en gobierno, gracias a un triunfo indiscutido en los comicios extraordinarios asume posturas que no son convenientes para la sana convivencia nuestra comunidad. Por una parte, revelarían un afán de revancha con un dejo de autoritarismo, ya que apoyándose en el poder real que ahora se tiene, se ejecuta actos en contra del tenor de las leyes, en este caso particular de los artículos 24 y 130 constitucionales. Mientras que a nivel nacional sectores de la jerarquía eclesiástica luchan por adquirir mayor poder social, bienestar económico a cargo del erario público y hacerse de nuevo del monopolio educativo, cualquier actuación de la autoridad civil que mezcle el gobierno espiritual con el temporal parece un gran despropósito.
Por esa vía se estaría promoviendo el regreso de épocas ya superadas en las que la Iglesia ostentaba un monopolio religioso y asumía una intolerancia militante en contra de cualquier práctica diferente a la suya, y cuando ninguna manifestación social, cultural y educativa escapaba a su influjo. Tal vez se añora la época en que la Iglesia era la mayor detentadora de tierras y quien tenía en exclusiva el servicio de la banca y el crédito; cuando los diezmos se hacían efectivos mediante el apremio judicial o en el que se impedía inhumar en los “camposantos” a quienes consideraban pecadores irredentos, a los que no profesaban la religión católica o que no podían cubrir los derechos parroquiales; cuando en sus registros se infamaba a seres inocentes desde su nacimiento con los calificativos de bastardo, adulterino o sacrílego.
Por otra parte, más grave sería que una autoridad esté convencida de que puede actuar sin sujetarse al ordenamiento jurídico vigente, porque puede caer en la tentación de incurrir en mayores excesos. Bien podría, con esa misma motivación, el día de mañana, expropiar bienes del dominio privado sin fundamento y la correspondiente indemnización; o dejar impunes delitos cometidos por sus amigos y aliados políticos. (JAMG).